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Biometano

Con permiso, pero sin salida

Una planta de biometano puede tenerlo todo firmado y aun así no arrancar. El riesgo vive en el hueco entre lo autorizado, lo contratado, lo construido y lo que el modelo financiero da por hecho, y suele asomar en tres sitios: el suministro que la autorización no ampara, un plazo de 60 días hábiles y el digestato.

Por la redacción de ATA Insights7 min de lecturaDe nuestro webinar
Con permiso, pero sin salida

Imagina un dossier impecable: compatibilidad urbanística, declaración de impacto ambiental, autorización ambiental integrada (AAI) y contratos de suministro con media comarca ganadera. Precisamente eso debería poner en guardia a quien lo revisa para un comprador o un banco. En el webinar de RENMAD sobre due diligence de proyectos de biometano, el 5 de noviembre de 2026, Sofía Cabedo Usó, socia de Derecho Público y Medio Ambiente en Broseta, cerró su intervención así: «El permiso no es el final del análisis, sino el punto de partida».

Y el calendario aprieta. El Real Decreto 611/2026, de 22 de julio, suprime el título del Real Decreto 376/2022 dedicado a las garantías de origen y crea, en su título VI, un sistema propio para los gases renovables e hipocarbónicos. El decreto está en vigor desde el 24 de julio, y la presentación de Broseta sitúa la aplicación del nuevo régimen el 1 de enero de 2027. El mismo día del webinar, el MITECO sacó a audiencia pública la orden que fijará cómo se gestiona ese sistema; las alegaciones se cierran el 25 de noviembre.

Cuatro actividades, un solo activo

Hablar de «planta de biometano», en singular, es una simplificación cómoda. Jurídicamente, explicó Cabedo, conviven cuatro actividades con exigencias distintas. Si entran residuos, producir biogás es una operación de tratamiento de residuos. Después hay que depurarlo hasta la calidad que exige la red, e inyectarlo te sitúa en el régimen de hidrocarburos y bajo las reglas de la CNMC. En paralelo, la digestión genera digestato, que tiene que salir de la planta por una vía legalmente habilitada.

La consecuencia práctica no admite matices: una planta de producción perfectamente autorizada «no sirve de mucho si no está habilitada legalmente a inyectar el gas o no tiene una salida legal para ese digestato». Planta, conexión y digestato avanzan por tres carriles paralelos que dependen unos de otros, y basta con que falle uno, advirtió Cabedo, para que se retrase la puesta en marcha del conjunto.

Lorenzo Chacón, responsable de proyectos de biometano en ATA Renewables, llegó a lo mismo desde la ingeniería. La due diligence técnica comprueba que los permisos solicitados o concedidos, la capacidad de inyección y el acceso eléctrico encajan con el diseño de la instalación. Dicho de otro modo: los papeles y los planos tienen que describir la misma planta.

La prueba de las cuatro columnas

Lo que de verdad aporta valor en una due diligence jurídica, dijo Cabedo, «es la correspondencia entre estos cuatro elementos»: lo autorizado, lo contratado, lo construido o proyectado y las hipótesis del modelo económico-financiero. Cuando las piezas no coinciden, aparecen «los retrasos, los sobrecostes, las limitaciones de explotación o los ajustes en la valoración».

Matriz de 3 por 4: planta, conexión gasista y digestato frente a autorizado, contratado, construido y modelizado; destaca el digestato contratado como la celda que tumba la planta.
Figura 1. Las preguntas de la due diligence en cada cruce. Reconstruido por ATA Insights a partir de la presentación de Broseta en el webinar de RENMAD «Due diligence de proyectos de biometano: claves a analizar», 5 nov 2026.

La primera grieta suele abrirse entre lo autorizado y lo contratado. El riesgo típico, según Cabedo, es tener un suministro contratado que la autorización no ampara: residuos con códigos LER (la lista europea que asigna un código a cada tipo de residuo) que no figuran en el título, toneladas por encima de la capacidad autorizada o estiércoles sin la habilitación SANDACH que exige la entrada de subproductos animales.

Los umbrales convierten cualquier crecimiento en un trámite. La AAI es obligatoria por encima de 75 toneladas diarias de valorización de residuos no peligrosos, o de 100 si la única actividad de tratamiento es la digestión anaerobia (anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016). Una planta que crece por encima de esa raya necesita una autorización que antes no tenía. Y en la que ya la tiene, recordó Cabedo, una ampliación que alcance los umbrales de modificación sustancial no puede ejecutarse hasta que se modifique la AAI.

Cabedo añadió un vicio más sutil: los proyectos evaluados a trozos, con la planta, la línea y el digestato cada uno por su lado. Ese fraccionamiento deja todos los títulos expuestos a impugnaciones futuras.

Sesenta días hábiles para no quedarte sin tubo

La segunda grieta es la conexión, y aquí el riesgo lleva fecha. La Resolución de la CNMC de 13 de junio de 2025, que regula la conexión a la red de las plantas de otros gases, el biometano entre ellos, da al promotor de una planta cuyo gas no necesita mezclarse con el de la red un máximo de 60 días hábiles desde que le contestan la solicitud. En ese plazo tiene que aceptar el presupuesto, firmar el contrato de conexión y pagar el 10 % del presupuesto, con un tope de 100.000 euros. Si no firma o no paga a tiempo, la resolución lo entiende como una renuncia a la capacidad condicional asignada. Unos tres meses de calendario separan un derecho de conexión de un papel mojado.

Flujo: tras la respuesta a la solicitud hay 60 días hábiles para aceptar, firmar y pagar el 10 %, o se pierde la capacidad; debajo, el calendario regulatorio de jun 2025 a ene 2027.
Figura 2. El calendario regulatorio y el plazo de la conexión. Fuentes: BOE (Resolución de la CNMC de 13 jun 2025; Real Decreto 611/2026), MITECO y presentación de Broseta. Elaborado por ATA Insights.

Además, tener capacidad no equivale a tener tubo. Cabedo distinguió entre la línea directa, propiedad del productor, que necesita sus propias autorizaciones, sus terrenos y, si no hay acuerdo con los propietarios, la declaración de utilidad pública en concreto para expropiar, y las instalaciones de conexión, que forman parte de la red: las ejecuta su titular, aunque suele pagarlas el productor. «Disponer de un derecho de conexión por sí solo tampoco significa que la infraestructura esté autorizada y lista para inyectar el biometano», advirtió.

También puede atascarse la conexión eléctrica. Una planta que depura y comprime gas consume potencia, y en algunas zonas está costando conseguir capacidad de suministro. En el turno de preguntas, dos de los ponentes coincidieron en la receta: calcular desde las primeras fases la potencia que necesitará la planta y comprobar con la distribuidora que esa capacidad existe.

El digestato, la salida que no sale en el Excel

La tercera grieta está en el ámbito que, en palabras de Cabedo, «suele recibir menos atención pero que es igual de determinante». «El digestato no se convierte en fertilizante por el mero hecho de tratarlo». Si la planta trata residuos, el digestato es por regla general un residuo, y el productor tiene que garantizar la gestión de todo el volumen, por su cuenta o mediante un gestor autorizado, documentando cada traslado. Aplicarlo al suelo como residuo es una operación de valorización, la R10 (tratamiento de suelos que produce un beneficio a la agricultura), que el Real Decreto 1051/2022, de nutrición sostenible, solo permite para los residuos de su anexo VIII, y siempre dentro de los límites agronómicos y de las zonas vulnerables a nitratos. Venderlo como producto exige cumplir el Reglamento (UE) 2019/1009 o el Real Decreto 506/2013.

Chacón confirmó que, cuando el proyecto prevé la vía R10, su equipo verifica que las especificaciones del digestato cumplen el Real Decreto 1051/2022. La presentación de Broseta traduce cada fallo a dinero. Si el digestato que se pensaba vender como fertilizante sigue siendo un residuo, aparecen costes de gestión que nadie había presupuestado. Si falta superficie agrícola o el gestor no da abasto, toca reducir las entradas y, con ellas, los ingresos. La diapositiva lo cierra sin rodeos: sin una vía de gestión del digestato habilitada, contratada y suficiente, no hay explotación.

Del hallazgo al precio

Una due diligence útil termina en una cifra o en una cláusula. El método de Broseta tiene cuatro pasos: identificar las contingencias, valorar su impacto en plazos y costes, mitigarlas o repartirlas en el contrato y decidir con información suficiente. En la versión técnica de Chacón, cada riesgo se clasifica en cinco niveles, de bajo a alto, con su medida de mitigación. «¿Es posible asumir un proyecto con contingencias?», se preguntó Cabedo al cierre. «Por supuesto, pero siempre que lleve aparejada una medida jurídica para intentar minimizarlas».

Inés Monroy, consultora en sostenibilidad y mediadora de Licencia Social Energy, sumó el riesgo que amplifica todos los demás: un proyecto puede ser «técnicamente factible, económicamente rentable y administrativamente autorizable, pero no necesariamente viable socialmente». Las moratorias, las consultas populares y los responsables políticos, sobre todo locales, que retiran su apoyo por la presión social acaban convertidos en retrasos y sobrecostes. Por eso suele preguntar a sus clientes algo que vale para toda la due diligence: si estos riesgos se traducen en dinero, ¿los tienes ya en tu modelo?

Ahí está la oportunidad. En España, recordó Chacón, hay muchos proyectos parados en la tramitación. El comprador o el banco que aplica la prueba de las cuatro columnas puede separar los activos bien documentados de los que de verdad van a funcionar. Un proyecto cuyos títulos coinciden con sus contratos, con la conexión consolidada y pagada en plazo y con salida firmada para el digestato no está libre de riesgos, pero los tiene con precio. Cuando casi todos los dossieres llegan impecables, esa coherencia es lo que lo hace financiable. Para el promotor, la lección es simétrica: el hueco que no cierre él lo cerrará el comprador, a la baja y en el precio. Y con el nuevo sistema de garantías de origen a punto de arrancar, en el que cada garantía corresponde a 1 MWh, lo que la planta deja de producir tampoco se certifica.

De todo esto se seguirá hablando en RENMAD Biometano, en Toledo, los días 10 y 11 de febrero de 2027.

En biometano, el permiso te deja entrar; el negocio está en encontrar la salida.

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