Cuestión de crédito: el proyecto que quiere el pueblo es el que financia el banco

España ha instalado en torno a 95 GW de renovables y ya obtiene de ellas más de la mitad de su electricidad: el 55,5 % en 2025, según Red Eléctrica. Pero el siguiente salto no se cuenta en megavatios: consiste en que el campo pase de aguantar la transición energética a reclamarla. Y ese cambio vale dinero.

Ya hay números que lo respaldan. Un trabajo del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada concluye que la aceptación sube un 30-35 % cuando el territorio percibe un retorno económico o ambiental real del proyecto. Como los conflictos con el territorio se pagan en años de retraso, cada mes de trabajo de campo temprano es de las inversiones más rentables de toda la cartera. Lo resumía el reciente deep dive de RENMAD Biometano sobre licencia social: el proyecto querido es también el más rápido, el más barato y el más financiable. Los bancos ya lo miran; pronto lo exigirán.

Ni instancia ni ventanilla

La distinción que lo reordena todo la hizo David Muñoz Sánchez, delegado territorial de Naturgy Renovables. «El ayuntamiento te da la licencia administrativa; no te da la licencia social», dijo. «Esa segunda licencia no se solicita en ventanilla: se construye».

Para construirla, según él e Inés Monroy, fundadora de Licencia Social Energía, hay un manual sorprendentemente concreto. Llegar antes que el proyecto, con un equipo especializado y presupuesto propio, y pisar el territorio antes de cualquier diseño o trámite. Diseñar con los vecinos y no para ellos, y entender que escuchar un «no» a tiempo también es ganar. Sumarse a la economía rural que ya existe en lugar de aterrizar encima de ella. Tratar la relación como una conversación de treinta años, en la que la credibilidad solo se gana cumpliendo lo acordado. Y medir el trabajo invisible, como las horas dedicadas a la comunidad o la rapidez de respuesta, con KPIs tan serios como cualquier hito de tramitación.

La guardería de ovejas que defendió una planta solar

El caso que puso Muñoz ni siquiera era de biometano: una fotovoltaica de 300 hectáreas donde seis familias ganaderas siguen pastoreando sus rebaños dentro del vallado, con tarjetas de acceso, bebederos y entradas habilitadas. Cuando hubo un conato de incendio, fueron esos ganaderos quienes llegaron primero, con tractores y cubas de agua, a defender la planta. Cuando la guerra de Ucrania disparó el precio de los piensos, la empresa sembró pasto en el espacio libre y compró la cosecha en verde a los agricultores de la zona. «Ya no sé si es una planta fotovoltaica o una guardería de ovejas», bromeó Muñoz. La infraestructura se había convertido en un vecino más.

La lección llega al biometano con intereses. Si una planta solar puede hacerse querer integrándose en la economía agraria, una planta que se alimenta de esa misma economía parte con medio camino andado.

El biometano juega en casa

Y ahí está el meollo de las cuentas. El biometano no necesita compensar al territorio, porque no es una instalación que aterriza en el campo: es, por su propia naturaleza, un negocio agrario. La materia prima sale del pueblo, el fertilizante vuelve a él y los empleos se quedan allí. La gestión de purines pasa de coste regulatorio a ingreso recurrente para el ganadero; el digestato sustituye al fertilizante mineral que antes se compraba; y donde aprietan los nitratos, la planta no ocupa el territorio: lo descontamina. Como decía el deep dive, el agricultor no es el vecino afectado: es proveedor, cliente y, en los mejores diseños, socio.

Eso es justo lo que quiere ver quien presta el dinero: el riesgo despejado. Un proyecto de biometano que ha asegurado sus contratos de sustrato, la salida de su digestato y la relación con los vecinos se ha quitado de encima las incertidumbres que hunden la rentabilidad: la oposición social, los retrasos en la tramitación y no saber qué hacer con el subproducto. Así, el trabajo «blando» de la licencia social se traduce en cifras duras.

El regulador prepara el premio

Y el incentivo está en camino. El desarrollo normativo en marcha en España creará un estándar de excelencia social, territorial y ambiental. Quien lo acredite partirá con ventaja en los tres frentes que quitan el sueño al sector (el acceso y la conexión a la red, la prioridad en la tramitación y las tarifas reguladas), y el biometano tendrá una consideración especial dentro de ese marco.

Para el promotor, el mensaje es que la licencia social ha pasado de la diapositiva de RSC al modelo financiero. El campo es un activo que hay que ganarse, no un obstáculo que sortear; y el biometano, como ninguna otra renovable, llega al pueblo resolviendo un problema que el pueblo ya tenía. Eso no se logra a base de folletos, sino llegando pronto, diseñando con los vecinos, cumpliendo lo pactado y dejando un retorno que se vea y se toque. El manual ya está escrito, los datos lo avalan y el regulador ya prepara el premio. Quien lo haga suyo no solo será mejor recibido: tendrá crédito en el pueblo y en el banco.

David Muñoz Sánchez (Naturgy Renovables) e Inés Monroy (Licencia Social Energía) participaron en el webinar de RENMAD Biometano sobre licencia social del 21 de mayo de 2026, moderado por Belén Gallego (ATA Insights).